Los hijos y las hijas de personas que están encarceladas tienen un riesgo significativo de sufrir múltiples consecuencias adversas si les falta apoyo. El objetivo de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima (SMPRAV) es minimizar la reincidencia y proteger a las víctimas. El modelo de gestión del riesgo centra la intervención a identificar, evaluar y minimizar los factores criminógenos que han llevado una persona a cometer un delito.
Hay un consenso generalizado en atención temprana sobre la importancia que tienen la familia y el entorno en el desarrollo infantil y en el hecho que promover unas condiciones ambientales o contextuales óptimas mejora la calidad de vida, así como el desarrollo global de los niños.
La muerte de un miembro de la familia es un factor estresor muy importante que afecta a la estructura familiar y a su equilibrio respecto a la dinámica funcional de esta. Puede provocar consecuencias muy distintas en cada uno de los miembros de la familia extensa, así como interferir en la evolución típica de sus miembros.
Actualmente, la noción más hegemónica de innovación se caracteriza por un cambio tecnológico, acoplado a la emergencia de nuevos productos. Ese reduccionismo puede ser refutado ya con la teoría del desarrollo económico de Schumpeter (1912), donde su idea de destrucción creativa da lugar a una innovación de procesos y organizaciones. Ahora bien, un giro clave en este debate es el concepto de “gran transformación”, propuesto por Polanyi en 1944, con el que sostiene una crítica a la racionalidad económica y cuestiona su corpus técnico formal al restringir la libertad en una sociedad compleja.
La Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, cumple diez años de su aprobación sin que se haya realizado el desarrollo normativo ni las dotaciones presupuestarias para hacer viables las medidas, especialmente para los niños en situación de riesgo. Solo se han aprobado cuatro decretos que desarrollan de forma parcial algunos de los servicios, pero no el reglamento que habría facilitado la concreción y ejecución de dichas medidas.
La lucha contra el extremismo violenta en la sociedad catalana ha llevado a introducir políticas de vigilancia social en el ámbito educativo, el Protocolo de detección de radicalización islamista (PRODERAI) es un ejemplo de ello. Este protocolo aplicado a alumnos, mayoritariamente menores de edad, secreto, con instrucciones policiales transmitidas oralmente y de dudosa efectividad, muestra de qué manera trasciende lo judicial en el ámbito educativo.
Con este artículo se ha indagado en la realidad de las personas adolescentes en conflicto con la ley, así como en el trabajo implementado desde el medio abierto por los diferentes equipos profesionales que trabajan con dicho colectivo desde los ayuntamientos o mancomunidades de la provincia de Valencia.
Constituidas la Mesa Nacional de Infancia y, posteriormente, las 6 mesas territoriales, no sabemos ni el número ni la situación de las mesas locales, así como tampoco sabemos ni el número ni la situación de las redes de infancia y adolescencia. Desde el Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar (IL3-Universitat de Barcelona) vimos la necesidad de identificar las mesas y redes locales de infancia en Cataluña para poder elaborar un diagnóstico inicial, y a partir de esto diseñar un estudio más completo e influir en políticas públicas de infancia, adolescencia y familias.
El artículo lleva a cabo una revisión teórica del lugar que ocupan las madres co-víctimas del abuso sexual de sus hijos. Intenta desmontar ideas arraigadas como instinto materno y las reacciones sociales esperadas al género femenino. Posteriormente, se caracterizan las particularidades de aquellas madres implicadas en la credibilidad y apoyo a sus hijos, además de los obstáculos que conlleva posicionarse en el lugar de las víctimas. Asimismo, se ofrecen pistas respecto al trabajo terapéutico a desarrollar a nivel individual y grupal.
En el ámbito educativo, el Trabajo Social se ha caracterizado por una inconcebible ausencia de su figura profesional o en algunos casos por su escasa participación. Resulta incuestionable debatir que la presencia del Trabajo Social en los sistemas educativos no aportaría múltiples beneficios a los diferentes agentes implicados de la comunidad educativa (alumnado, familiares, profesorado, personal administrativo y de servicios, institución, comunidad o administraciones públicas con las que se relaciona).
