Con este artículo se ha indagado en la realidad de las personas adolescentes en conflicto con la ley, así como en el trabajo implementado desde el medio abierto por los diferentes equipos profesionales que trabajan con dicho colectivo desde los ayuntamientos o mancomunidades de la provincia de Valencia.
La Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores establece un amplio catálogo de medidas aplicables, tanto en medio abierto como en medio cerrado, pero desde su perspectiva sancionadora-educativa, debe primar el interés del menor en la flexible adopción judicial de la medida más idónea, dadas las características del caso concreto y de la evolución personal de la persona sancionada durante la ejecución de la medida. Es por ello, que un gran número de estas son medidas que se imponen, para su desarrollo, en medio abierto, teniendo la Comunidad y la inserción, en la misma, una gran relevancia.
La ejecución de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las entidades públicas de protección y reforma de las comunidades autónomas, bajo el inexcusable control del juez de menores. Por lo que son los ayuntamientos y las mancomunidades, a través de su personal técnico, los que implementaran junto al menor esas medidas, y, por tanto, es a través de estas entidades que se podrá presentar un perfil de las personas adolescentes en conflicto con la ley tras un análisis de la documentación y la técnica de entrevista en grupo con el personal técnico que desarrolla su labor profesional en el ámbito de las medidas judiciales.
