La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia ha conseguido importantes logros que no debemos subestimar: se han articulado nuevos sistemas en tiempo récord, se han realizado más de dos millones de valoraciones individuales y se ha dado atención a casi un millón de personas; además la Ley 39/2006 ha puesto en la agenda pública y de los medios de comunicación al sistema de servicios sociales, hasta ahora un gran olvidado. Pero también conocemos los errores y los lastres: un sistema de financiación inadecuado, insuficiente y tramposo; la disparidad en la gestión entre comunidades autónomas que provoca inequidades territoriales en el ejercicio de los derechos; el abuso de las prestaciones económicas frente a los servicios; la desatención permanente a doscientas mil personas, titulares de derecho, que ven cómo demoran su expediente hasta límites desesperantes o una falta de transparencia informativa. El resultado de abandonar esta política es obvio: destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública (retornos) y, como única salida para las personas, el refugio en unas prestaciones económicas cada vez más miserables a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios.