La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad supone un cambio en el sistema de protección legal de estas personas que hemos conocido hasta la fecha. Habrá que suprimir los mecanismos de “sustitución en la toma de decisiones” actuales, a través de figuras como la tutela o la curatela, y sustituirlas por figuras de “apoyo en la toma de decisiones”. Habrá que dotar a los profesionales y a la sociedad de recursos para poder dar una respuesta adecuada a todas aquellas personas que por motivo de su discapacidad tengan necesidad de este apoyo para ejercer, en condiciones de igualdad con los demás, su capacidad jurídica.