El artículo se ha planteado teniendo en cuenta la normativa propia en el contexto de justicia y desde una perspectiva de derechos. Aunque la persona está privada de libertad, sigue formando parte de la sociedad, por lo que su vinculación con el exterior es fundamental en su proceso de reinserción. Los centros llevan a cabo una serie de actuaciones para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población internada, que abarcan diferentes niveles: el normativo, con una regulación específica para las comunicaciones íntimas, y el educativo, centrado en la educación afectiva y sexual. El reto en este contexto es el equilibrio entre norma y derechos, entre la necesidad de control y la necesidad de crecer propia de la condición humana. Son imprescindibles espacios de reflexión centrados en la afectividad, la sexualidad y el respeto que ayuden a sensibilizar sobre la importancia de estos temas.