Editorial

Resumen

En un momento histórico marcado por la incertidumbre, la complejidad y una aparente crisis de valores que atraviesa las instituciones, las relaciones sociales y las políticas públicas, el trabajo social se encuentra interpelado con una intensidad renovada. La profesión, profundamente arraigada en principios éticos y orientada a la justicia social, no puede permanecer ajena a las tensiones del presente. Al contrario, está llamada a ejercer un papel activo en la defensa de los derechos humanos, en la promoción de la dignidad y en la construcción de sociedades más inclusivas y cohesionadas.

Las cuestiones éticas han estado siempre en el corazón del trabajo social. No se trata únicamente de un corpus normativo, sino de un marco de referencia dinámico que orienta la toma de decisiones en contextos a menudo ambiguos y cargados de dilemas. La práctica profesional exige un equilibrio constante entre el respeto a la autonomía de las personas, especialmente en situaciones como la intervención con personas en situación administrativa irregular, la protección de la infancia o la atención a personas con capacidad de decisión limitada, y la protección de los colectivos más vulnerables y la responsabilidad social. Este equilibrio resulta especialmente delicado en escenarios de desigualdad creciente, en los que las intervenciones pueden tener profundas consecuencias en la vida de las personas y las comunidades.

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